La cultura de la transparencia

 

Se dice que la innovación es como el sexo, porque se habla mucho más de ella que lo que se practica. Con la transparencia ocurre algo parecido. VINCES, en uno de sus habituales encuentros, organizó uno sobre la transparencia en las relaciones público – privadas donde se abordaron diferentes iniciativas en esta materia desarrolladas por empresas y administraciones públicas, tanto en España, como en otros países. La conclusión es que se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. La transparencia es la clave de la actividad de lobby, legitima la actividad y otorga mucho más valor a los procesos.

Muchas empresas, sobre todo las internacionalizadas, están desarrollando códigos de conducta internos para mantener un comportamiento ético armonizado en todos los países donde operan. Las empresas con presencia en países como Reino Unido (mucho más avanzados) lo tienen mucho más fácil, ya que convierten la legislación foránea en buenas prácticas en España. Una de las principales novedades que está incorporando son los sistemas internos de denuncia anónima para evitar problemas de corrupción y falta de transparencia entre sus trabajadores en base a las llamadas “3 dimensiones de la transparencia a nivel empresarial”: la divulgación de información relevante a las partes interesadas, la claridad de los datos y la elaboración detalle y uniforme de los mismos.

Sin embargo, el gran reto es fomentar la cultura de la transparencia, sobre todo a nivel institucional y de gobiernos. A nivel europeo, tanto el Parlamento como la Comisión están trabajando por fomentar la transparencia fiscal de los Estados con sus empresas e incluso la transparencia sobre beneficios e impuestos pagados por cada empresa en cada país donde opera. Pero, ¿cómo estamos en España? El gobierno aprobó la llamada Ley de transparencia en 2013 que obliga, por ejemplo, a que las organizaciones sindicales y empresariales publiquen en sus páginas web determinada información institucional, organizativa y de planificación, así como información económica, presupuestaria y estadística, incluyendo todos los convenios, subvenciones y ayudas públicas recibidas.

En lo que respecta al sector agroalimentario, basta con un simple paseo por las páginas webs institucionales de las diferentes asociaciones para comprobar que el grado de cumplimiento de estas obligaciones es aún muy bajo. ¿Podemos entonces exigir a la administración que mejore su transparencia? Es más, existen asociaciones en nuestro sector que ni siquiera publican las empresas o colectivos que forman parte de la misma. ¿Debería en este caso la administración abrirle sus puertas o debería ésta exigir unos mínimos de transparencia para hacerlo?

 

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