El Comité Economico y Social Europeo (CESE) ha aprobado hoy un interesante dictamen (INT/978) que informa acerca de las novedades que recoge el Reglamento sobre la Ley de Datos en el que se subraya la necesidad de aplicarlo tratando de evitar la discriminación de las personas con dificultades para acceder a internet o a los propios datos. Durante el debate sobre el mismo durante la celebración del pleno del CESE, sobrevolaba la idea lanzada por el profesor Andrea Renda, en relación con la escasa tradición de regulación que tienen las grandes empresas del sector de los datos por su condición de ser, en su mayor parte, empresas americanas.

En dicho dictamen, el CESE considera que la protección de los datos personales, la identidad digital y la privacidad deberían considerarse aspectos fundamentales de la gobernanza de los datos, directamente relacionados con la cuestión del respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Por lo tanto, la trazabilidad, la interoperabilidad y la multimodalidad de las distintas actividades de las cadenas de suministro son necesarias para garantizar una clara sinergia con los indicadores del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Adicionalmente, considera importante garantizar el respeto de las normas éticas y de seguridad, condiciones múltiples y suficientes para la funcionalidad de los datos, procedimientos en materia de ciberseguridad y un almacenamiento adecuado de los datos en el territorio de la UE, partiendo de la base de que las personas deben tener el control de los datos que generan, con arreglo a los objetivos de autonomía estratégica e independencia tecnológica. Dado que la administración de este enorme volumen de datos consumirá una gran cantidad de energía, el CESE recomienda que se incluya en la Ley la petición de que las entidades encargadas del almacenamiento de datos utilicen principalmente energía procedente de recursos renovables.

El CESE considera pertinente e importante garantizar una competencia leal y una distribución equitativa de los costes y el valor añadido dentro de la cadena de suministro de datos, que incluya a todos los agentes y señala que la protección de los derechos de los ciudadanos debe estar en la base del sistema social de la UE y que la competitividad económica tiene que estar garantizada por un alto nivel de privacidad y seguridad, el respeto de las normas de seguridad y ética, condiciones múltiples y suficientes para la funcionalidad de los datos, procedimientos en materia de ciberseguridad y un almacenamiento adecuado de los datos en espacios de la UE y lugares certificados.

Por último, el CESE sugiere que se ha de ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento para abarcar todos los productos físicos que obtengan, generen o recopilen datos relativos a su rendimiento, uso o entorno, y que puedan comunicar dichos datos mediante un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público y considera además que los usuarios y los destinatarios de los datos deben tener un acceso sin restricciones a los datos que son esenciales para el funcionamiento, la reparación o el mantenimiento de los productos conectados y los servicios relacionados. Esto incluiría todos los datos brutos y los metadatos, pero también otros conjuntos pertinentes de datos tratados, depurados o agregados.

El debate sobre los datos y su necesaria regulación no es nuevo, pero es justo ahora cuando las instituciones europeas están culminando el proceso de tramitación de numerosas normas como la llamada Data Act, que más pronto que tarde impactarán el la actividad de quienes generan, gestionan o comparten datos, sea cual sea el sector económico, tratando de abrazar la nueva tecnología y ponerla al servicio de su actividad económica. Conviene estar atentos y seguir sus implicaciones de cerca.