El sector de la distribución alimentaria, representado por EuroCommerce, está profundamente preocupado por la posición adoptada la semana pasada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo sobre la aplicación transfronteriza de las normas sobre prácticas comerciales desleales.

Que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo sea la encargada de tramitar una propuesta que tiene grandes implicaciones para todos los operadores del sector alimentario sin tener en cuenta sus puntos de vista es una anomalía grande. Ya advertíamos hace meses que necesitábamos un/a eurodiputado/a que defendiera los intereses del comercio alimentario. Por desgracia, no es la primera vez que ocurre, ni será la última. Los perjudicados, los consumidores, es decir, todos.

Pero, que la mayor parte de las veces primen los intereses de los agricultores frente a los del resto de operadores, trabajadores y ciudadanos europeos que desarrollan su actividad en el resto de eslabones, es mucho más preocupante y, sobre todo, un error estratégico. El problema es que, para colmo, en este caso, el texto aprobado ayer, en mi opinión, puede suponer un problema para los productores españoles que tengan intención de seguir vendiendo en el mercado único europeo, ya que nuestra normativa es mucho más restrictiva que la del resto de la UE y los compradores preferirán comprar en otros países competidores dentro del mercado único, si tienen la oportunidad. Ejemplo clarísimo de ruptura del mercado único por iniciativa de España.

El mandato de negociación del Parlamento permite a los Estados miembros hacer cumplir sus propias normas nacionales sobre las prácticas desleales fuera de las fronteras nacionales. Esto ignora el acuerdo alcanzado en 2019 que acordó una protección común de la UE y permite que las leyes nacionales prevalezcan sobre las de la UE, siempre que no perjudiquen al mercado único. La votación de la semana pasadaa es un golpe al mercado único y a la seguridad jurídica para las empresas. El pleno del Parlamento debería oponerse a ella, pero mucho me temo que no lo hará.

Es difícil aceptar que un contrato perfectamente legal en un Estado Miembro pueda estar expuesto a una acción de incumplimiento basada en una ley de otro. Permitir la aplicación extraterritorial de normas nacionales no armonizadas a escala de la UE es un grave riesgo para la seguridad jurídica. Las empresas podrían ver cómo sus contratos, perfectamente legales según la legislación nacional y de la UE, son investigados por otras autoridades de otros países con capacidad de sancionar. Este riesgo podría empujar a todos los operadores de la cadena agroalimentaria a comprar únicamente a nivel nacional, lo que haría que todos perdieran los beneficios del mercado único de la UE, hecho especialmente dañino para un país exportador como España.

El impulso para renacionalizar el abastecimiento en los mercados agroalimentarios fue mencionado explícitamente por Enrico Letta en su Informe de 2024 como un riesgo grave, donde señaló que «la renacionalización del abastecimiento y el comercio está destinada a afectar en última instancia a los beneficios que los consumidores obtienen del mercado único». Esta votación es un claro ejemplo del camino que no debemos seguir. La Estrategia del Mercado Único Europeo presentada por la Comisión Europea en mayo de este año marca justo el camino contrario. Da la impresión de que la Comisión lleva una dirección, pero en el Parlamento han decidido llevar otra. Nos arrepentiremos.