En estos días en los que se habla de los problemas de los agricultores, poco se han analizado los problemas que tenemos el resto de eslabones del sector agroalimentario y que requieren también actuaciones por parte del gobierno. Uno de ellos, quizás el más doloroso para los trabajadores, es el de los robos en las tiendas, más conocido como hurto multirreincidente, que en muchas ocasiones termina en episodios de violencia inaceptables como el de este vídeo que se hizo viral hace unos meses, que por desgracia, son mucho más frecuentes de lo que se piensa. Si se trata de dignificar a determinados colectivos como los agricultores, el de los trabajadores del comercio no debería quedar al margen.

El hurto multirreincidente en el comercio en España cuesta a las Administraciones Públicas (a todos los españoles) 300 millones de euros al año, según el documento sobre esta lacra de CEOE elaborado por su Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo. Teniendo en cuenta la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, se concluye que esta práctica sale gratis al delincuente profesional, supone un despilfarro para las Administraciones Públicas, un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Resulta especialmente duro revisar la prensa y encontrar a diario titulares como «roban alcohol, queso y dulces para dar una fiesta«, «policías con metralletas frustran un intento de atraco a un supermercado en Madrid«, «atraco con rehenes en un supermercado de Barcelona» ó «Intentan robar salmón e ibéricos del supermercado escondiéndolos dentro de un maillot de ciclista«. Aunque parezca mentira, todas estas noticias son de los últimos 3 meses, 3 de ellas de lo que llevamos de 2020.

El problema fundamental es que a día de hoy no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros. La delincuencia en este ámbito se ha incrementado tras dos sentencias del Tribunal Supremo de 2017 que ha provocado que las sentencias para hurtos reincidentes se limiten al pago de multas, que raramente se pagan, lo que ha provocado que el ritmo de denuncias se mantenga en torno a las 700.000 al año sin que tengan consecuencias para los delincuentes. Esto ha derivado en que las bandas organizadas operen impunemente ante la impotencia de todos los actores afectados: los ciudadanos, que han visto incrementada su inseguridad; los comerciantes, que se estima que pierden unos 1.800 millones de euros* al año y temen por la seguridad de sus empleados; y las fuerzas policiales, que no ven el fruto de su trabajo.

Los hurtos los realizan bandas organizadas (en el campo y en las tiendas) que buscan productos de alto valor que encuentran fácil salida en el mercado negro. El impacto económico y social del problema de los robos no es un problema del sector, sino de la sociedad en su conjunto, ante el que es necesario poner medidas. Se trata de un problema muy serio que requiere de actuaciones concretas y efectivas como la necesaria modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves con el objetivo de ganar operatividad. 

Documento de posición sobre el hurto multirreincidente en el comercio en España

*Datos estudio AECOC y EY sobre la pérdida en el retail comercial 2018 entre hurto y errores administrativos.